El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el aplazamiento de la obligatoriedad del sistema VERIFACTU, la nueva herramienta de verificación de facturas impulsada por la Agencia Tributaria, que tenía previsto entrar en vigor en 2026. Con esta medida, las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades no estarán obligadas a utilizar el sistema hasta el 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y el resto de profesionales deberán adaptarse a partir del 1 de julio de 2027.
A pesar de que había peticiones del tejido empresarial, que había manifestado su preocupación por la falta de tiempo para adaptarse y por el impacto económico que suponía la implantación y que, según datos recientes, solo un 8% de las pymes y autónomos había implementado el sistema, mientras que un 15% estaba en proceso de hacerlo, la razón de este aplazamiento ha sido puramente política, debida no a las peticiones de los empresarios sino a la presión de Junts per Catalunya.
Además, muchas pequeñas empresas ya habían realizado importantes inversiones en sistemas informáticos de facturación para cumplir con los requisitos previstos para 2026, lo que genera incertidumbre sobre la amortización de estos costes.
El Gobierno ha señalado que esta prórroga busca “facilitar la transición hacia la digitalización fiscal sin generar una presión excesiva en el corto plazo” y ha reiterado su compromiso de acompañar a las empresas en este proceso mediante medidas que impulsen la modernización tecnológica y la competitividad. Algo tenía que decir.
Ayer mismo, en un charla que ofreció la Agencia Tributaria sobre el Verifactu, se hizo expresamente la pregunta de si se iba a aplazar su entrada en vigor y la respuesta fue contundente: «No, entra en vigor el mes que viene. Es inaplazable».
En 12 horas se aprueba su aplazamiento en el Consejo de Ministros. A pocos días de su entrada en vigor, y cuando muchas empresas han realizado importantes inversiones para adaptarse a la nueva normativa. No parece serio tratar así a los contribuyentes.
