A efectos de intensificar la lucha contra el fraude fiscal se encuentra prevista una nueva norma legislativa que entrará en vigor respecto a los pagos realizados con tarjetas de crédito en el año 2025 y que hayan sido superiores a 25.000 €. Afectará a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago, monedero, digitales o compras online, independientemente de la moneda utilizada. La nueva norma se espera, de acuerdo con la información de la prensa española especializada, que alcance su redacción final en los próximos meses, permitiendo que las nuevas reglas entren en vigor en 2026.
Posiblemente la obligación de declaración se asignará a las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago, entidades financieras y grandes almacenes, las cuales tendrán que informar mensualmente a la Agencia Tributaria de todos los cobros efectuados por empresarios o autónomos mediante tarjetas u otros sistemas de pago como Bizum, PayPal, etc.
La información obligatoria que comunicarán incluye la identificación del titular de la tarjeta, el número de operaciones realizadas y el importe total de los movimientos, ya sean compras bien en tiendas físicas o plataformas digitales, recargas en tarjetas de prepago, así como las retiradas de efectivo, siempre y cuando se alcance la cifra de 25.000 € anuales. Todo ello con independencia de la moneda en que se realicen las operaciones, y del ámbito geográfico donde se lleven a cabo, es decir tanto en el interior de España como en el extranjero.
La nueva información a transmitir no exonera a las entidades financieras de continuar informando a la Administración del Estado respecto a operaciones llevadas a cabo con billetes de 500 euros, envío o recepción de importes superiores a 10.000 € de un país extranjero (incluso cuando sea perteneciente a la Unión Europea, retiradas e ingresos en el banco y pagos en metálico superiores a superiores a 3.000 euros, así como préstamos y créditos superiores a 6.000 euros.
Nota importante: La información vertida en este artículo corresponde a diferentes previsiones de la redacción final del Decreto de Ley, motivo por el cual se podrá ver modificada.
